“Estamos haciendo historia (la oposición) no va a poder ocultar el sol con un dedo. Estamos cambiando, transformando profundamente al Ecuador, esa patria de todas y de todos, donde los recursos se reparten equitativamente, así hayamos nacido en Guayaquil, Quito, San Vicente o Bahía”, dijo el Presidente Rafael Correa el día que se inauguró el puente Bahía San Vicente. Esta frase, más allá de referirse a una obra construida lejos de las grandes ciudades como Guayaquil, Quito o Cuenca como muestra de inversión equitativa, encierra el concepto mismo del modelo de desarrollo económico y social de la Revolución Ciudadana, ahora expresado en el Código Orgánico de la Producción que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Este Código, junto con el Código de Planificación y Finanzas Publicas, el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD y la Ley Antimonopolio, pretenden desmontar todo un aparato estatal configurado alrededor del neoliberalismo a nivel interno, y de la globalización a nivel internacional, que por décadas, tanto en la división internacional del trabajo, como en la economía internacional, han situado al ecuador como proveedor de materia prima e importador de productos transformados en el exterior.
Por otra parte, según el PNUD en su informe de desarrollo humano publicado en el 2010, el segundo país latinoamericano con altos índices de desigualdad es Ecuador (el primero es Bolivia). Esto es consecuencia en gran parte, de la aplicación del modelo primario de exportación que favoreció a los grandes grupos de Poder ubicados en principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde también se concentro la obra pública en infraestructura vial, telecomunicaciones, eléctricas, los servicios de salud, educación, vivienda y otras prestaciones sociales que hicieron posible la productividad y alta rentabilidad de sus empresas. Lógicamente la rentabilidad se quedo en manos de los dueños de estas empresas, en perjuicio del Estado, de los trabajadores y sus familias y la comunidad en general.
En tales circunstancias, el país le apuesta a un modelo de economía social de mercado para el Buen Vivir, es decir, que a través de la competitividad inteligente asegure libertad real entre los agentes económicos para ofertar y demandar bienes y servicios. Dicho de otra forma, pretende establecer relaciones horizontales entre proveedores y consumidores, que les permitan a estos últimos elegir bienes y servicios de calidad y que realmente satisfagan sus necesidades, tanto físicas como espirituales y con la capacidad adquisitiva que les aporta el Salario Digno, asegurar rentabilidad a los proveedores. Adicionalmente, busca que nuevos productores y propietarios de los factores de producción aparezcan en escena y compitan, para lo cual se buscarán mecanismos solidarios de producción (Art. 22)
Adicionalmente, el Código de la Producción se preocupa de los recursos humanos, de la fuerza laboral, cuya mano de obra calificada o no, aporta de manera sustancial en la producción. En ese sentido, la reforma pretende promover la formación y desarrollo de capacidades altamente técnicas en los trabajadores, que les permitan ejercer con mayor destreza y responsabilidad su rol en la producción. Adicionalmente, el concepto de salario digno que sitúa al trabajador en condiciones de dignidad y realización económica y social. De manera paralela el Estado está preocupado en la prestación de servicios de salud y educación a favor de los recursos humanos y sus familias, a través de la política social asociada al Presupuesto General del Estado (Código de Planificación y Finanzas Públicas)
Otro asunto interesante del Código de la Producción son las Zonas Especiales de Desarrollo económico que promueven el ordenamiento territorial para mejorar la producción en ciertas áreas geográficas que hasta el momento se dedican al monocultivo. Podría ser una de ellas, la Provincia del Carchi, que además es fronteriza.
En cuanto al Rol del Estado, es importante que se fortalezca la institucionalidad que ejecuta el modelo de economía social. El Código cumple la Constitución, al definir que a nivel del Ejecutivo, pero también en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los derechos económicos y sociales se hagan exigibles a través de políticas públicas, y que el Ejecutivo, a través del Consejo Sectorial, asuma la rectoría de las políticas públicas en la materia. Un tema importante que rescatar, es que debe considerarse la participación de todos los agentes económicos en la toma de decisiones sobre la productividad en Ecuador, para lo cual, debería sustituirse la figura de Consejo Consultivo en incorporar a un delegado de estos sectores en el Consejo Sectorial, a fin de que en las políticas de desarrollo productivo, políticas industriales y comerciales, también se reflejen los intereses de todos los sectores. La figura de la Silla Vacía podría ser una referencia.
Dice Gandhi sobre la dignidad: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. Es momento de transformar las estructuras de desigualdad que tiene nuestro país, y el Código Orgánico de la Producción es una aproximación importante a esa transformación.
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